Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba».
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